Por Redacción
“Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la solicitud realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la detención provisional con fines de extradición en contra de 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador por la entidad y el alcalde de Culiacán.
Al mencionar que el documento fue recibido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la noche del 28 de abril, expuso que fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación.
La primera mandataria dijo que México emitió un extrañamiento al gobierno estadounidense por hacer público el levantamiento de cargos en contra de dichos ciudadanos, debido a que el proceso debe ser confidencial, como señalan los tratados en la materia.
Subrayó que las leyes mexicanas estipulan que es obligación de la FGR analizar la documentación recibida para establecer si existen elementos probatorios que brinden viabilidad a la solicitud, por lo que dicha dependencia emprende una investigación para establecer si existen pruebas, factor indispensable para emitir órdenes de aprehensión.
“Si no existen pruebas claras, es evidente que es político el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia. Por ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, expresó.
La jefa del Ejecutivo federal señaló que deben existir pruebas contundentes frente a cualquier acusación.
“Cuando decimos pruebas, son pruebas, no nada más el dicho de una persona. Nosotros no protegemos a nadie y así lo hemos demostrado, pero si esas pruebas no están, ¿cuál es la motivación?
“Confiamos en las instituciones del país. La fiscalía tiene que hacer una revisión exhaustiva y, a partir de ahí, dar su posicionamiento”.
En segundo término, habló sobre injerencismo al preguntar qué pensarían otros países si la FGR investigara autoridades extranjeras, y mencionó que todavía no está aclarado el caso Chihuahua sobre la participación de agentes estadounidenses en territorio nacional, lo que constituye una violación a la soberanía.
La presidenta puntualizó que el gobierno federal mantiene la estrategia de seguridad para proteger al pueblo de Sinaloa y dio a conocer que ayer conversó telefónicamente con el gobernador Rubén Rocha Moya:
“Le manifesté lo que manifiesto aquí: si no hay nada, pues no hay nada que temer, nada; tiene que haber pruebas. Y [yo] actuaría exactamente de la misma forma tratándose de un gobernador del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano. Me corresponde defender la Constitución y la soberanía; la ley es para todos”.
Calificó como desafortunadas las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México: “Un embajador no puede tener una actitud injerencista”, ya que su función debe basarse en el respeto mutuo, especialmente porque nuestro país ha sido respetuoso y ha colaborado en un marco de entendimiento.
“Tenemos autoridad moral y política porque hemos actuado siempre conforme a nuestros principios y a las leyes mexicanas; garantizamos honestidad en nuestro gobierno y eso nos da mucha fuerza frente al pueblo”, puntualizó.