Por Redacción
El Tribunal Unitario Agrario Distrito 42 de Querétaro, a través de su representante, realizó la inspección judicial de 384 hectáreas en la zona de Peña Colorada, a la cual asistieron más de 300 mujeres y hombres que forman parte del Ejido Santa Rosa, quienes reiteraron la exigencia de justicia a las autoridades correspondientes para solucionar el conflicto.
Las y los ejidatarios de Santa Rosa se reunieron a la altura del kilómetro 15 de Paseo de la República (Carretera Querétaro-San Luis Potosí) la tarde del lunes 1 de junio, para después subir caminando y en vehículos hacia un lugar conocido como el cerrito de Peña Colorada, desde donde se llevó a cabo la inspección judicial.
Antes, desplegaron lonas y cartulinas donde manifestaron sus principales inquietudes: “Ejido de Santa Rosa, somos víctimas del cártel inmobiliario de Querétaro, nos han amagado y oprimido. No sabemos qué hacer, pedimos justicia”, “Magistrada, haga valer la ley para los campesinos”.
“La tierra no se vende con influencias, ¡la tierra se defiende con justicia”, “No a la coalición Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Cártel Inmobiliario”, “Basta de intereses inmobiliarios por encima de los derechos ejidatarios. ¡Que prevalezca la justicia!”, “Exigimos que el Tribunal sea imparcial y proteja nuestros derechos agrarios”, establecieron las y los integrantes del Ejido.
Mientras tanto, el abogado Ariel González Huerta, asesor legal del Ejido Santa Rosa, explicó que la inspección judicial la llevó a cabo el actuario Miguel Ángel Velázquez Elguera, en representación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, con sede en Querétaro.
Dijo que la finalidad fue “determinar y se supiera en qué condiciones vegetativas, si está ocupado o si está abierto al cultivo o no, es decir, el Tribunal Agrario tiene interés en saber estas tierras en qué condiciones de vegetación, y de fauna y flora, se encuentran”.
Subrayó que “estás tierras son justamente las que son motivo de juicio que están entablando ejidatarios en contra de las asignaciones, estas tierras, aquí donde estamos, en favor de terceros interesados por adquirirlas”.
Estableció que después de esta inspección judicial, “sigue reunirnos con la magistrada para anunciarle que ya no hay ninguna prueba pendiente por desahogar, y esperamos que la magistrada ya prepare todo para el dictamen de la sentencia”. Puntualizó que este juicio ya acumula alrededor de 10 años, “y no quisiéramos que se retardase el dictamen de la sentencia”.
Para concluir, señaló que “queremos se aplique una verdadera justicia en favor de estos ejidatarios, toda vez que como se hizo valer en el juicio, fueron engañados tanto por quienes en su momento fueron los propios representantes del Ejido, que en lugar de representar los intereses de los ejidatarios, defendieron intereses ajenos al Ejido”.
“Por eso esperamos una sentencia que sea justa, mediante la cual se declare la cancelación de esos contratos de enajenación, y en consecuencia que se cancelen los títulos de propiedad y los certificados parcelarios que ya se les han expedido indebidamente, por el Registro Agrario Nacional, a estos terceros especuladores de la tierra”, finalizó.
